Juristas advierten: propuesta de Constituyente es inviable y pone en riesgo el orden democrático

Durante un panel en la Universidad del Rosario, exmagistrados y expertos alertaron sobre el uso de mecanismos como la consulta popular para eludir el Congreso y debilitar el Estado de derecho.

Bogotá, 24 de junio de 2025. La propuesta presidencial de convocar una asamblea constituyente sin pasar por el Congreso fue calificada como “jurídicamente inviable” y “una amenaza autoritaria” por destacados exmagistrados y constitucionalistas, durante un panel académico realizado en la Universidad del Rosario.

Reconocidos expertos constitucionalistas y exmagistrados de la Corte Constitucional se pronunciaron este lunes sobre la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una asamblea constituyente al margen del Congreso, advirtiendo que se trata de una vía jurídica inviable que podría derivar en una ruptura institucional.

La discusión se llevó a cabo en el marco del panel “La consulta popular en la mira: problemas constitucionales y retos institucionales”, organizado por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, con la participación de figuras como Antonio Lizarazo, Luis Guillermo Guerrero, Alejandro Linares, María Andrea Calero Tafur, Martha Sáchica y Héctor Rojas, bajo la moderación de la decana Cristina Pardo Schlesinger.

“Estamos bajo la amenaza de un proyecto autoritario que ya está en ejecución”, afirmó con contundencia el exmagistrado Antonio Lizarazo, quien alertó que el Gobierno ha abandonado su deber de gobernar para concentrarse en una campaña que utiliza la participación ciudadana como herramienta política.

Por su parte, Luis Guillermo Guerrero, también exmagistrado y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Javeriana, explicó que el problema no radica en la figura de la constituyente —prevista por la Constitución de 1991— sino en el intento de activarla sin respetar el trámite legal. “La propuesta del presidente es jurídicamente inviable. Saltarse el Congreso es romper el equilibrio institucional”, aseveró.

Desde una perspectiva crítica, Alejandro Linares advirtió que la idea de una “séptima papeleta” podría tener un objetivo más electoral que jurídico. “Todos sabemos que esa papeleta no tiene futuro legal, pero sí puede movilizar votos. Es un gancho para las listas al Senado”, expresó.

En cuanto al control judicial, María Andrea Calero Tafur, conjuez del Consejo de Estado y profesora universitaria, recordó que los actos políticos pueden ser analizados jurídicamente siempre que se acojan a los medios de control previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Aun así, advirtió que dicho control no debe confundirse con valoraciones de conveniencia política.

Martha Sáchica, exsecretaria de la Corte Constitucional, subrayó que el control constitucional no puede tratarse como una formalidad, sino como un pilar de la democracia. “La participación ciudadana no puede desligarse del conocimiento jurídico ni del respeto por los procedimientos establecidos. Trivializar los mecanismos de reforma pone en riesgo la legitimidad del sistema institucional”, sostuvo.

Desde una mirada teórica, el profesor Héctor Rojas cuestionó el uso desproporcionado del mecanismo constituyente: “Si voy a remodelar la cocina, no tumbo toda la casa”, dijo, destacando que las constituciones deben tener vocación de permanencia y solo deben modificarse mediante procedimientos rigurosos y democráticos.

El evento fue inaugurado por la rectora Ana Isabel Gómez, quien reafirmó el compromiso de la Universidad del Rosario con el análisis jurídico serio y plural, y la formación de una ciudadanía crítica. “La Universidad tiene el deber de propiciar estos espacios donde el conocimiento se pone al servicio del país”, afirmó.

La jornada dejó un mensaje claro: cualquier propuesta de reforma constitucional debe estar enmarcada en el respeto por las formas democráticas y los equilibrios institucionales. Pretender instaurar una constituyente sin pasar por los cauces previstos no solo es inviable jurídicamente, sino que puede abrir la puerta a una peligrosa deriva autoritaria.

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